Por Senador Alfredo Deluque

Miembro del Senado de la República de Colombia 

Recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las prácticas de zero rating en los planes de telefonía móvil ha generado un amplio debate. Este veredicto, que prohíbe a los operadores proporcionar acceso gratuito y exclusivo a aplicaciones específicas como WhatsApp o Facebook, busca, según el tribunal, defender la neutralidad de la red, un principio que garantiza la igualdad de trato para todo el contenido de internet. Sin embargo, el asunto es más complejo de lo que parece, y un análisis general no es suficiente.

Como miembros de la sociedad, es crucial que comprendamos la sentencia con claridad y reflexionemos sobre cómo abordarla sin afectar negativamente a los usuarios, en particular a los más vulnerables. Mi sugerencia es sencilla: en lugar de aplicar medidas generalizadas que afecten a todos indiscriminadamente, las restricciones deberían aplicarse de forma selectiva, solo cuando surjan pruebas claras de distorsión del mercado o abuso de posición por parte de un operador. En este contexto, los organismos reguladores deberían liderar la implementación de medidas adecuadas, justas y temporales, que aborden las deficiencias del mercado.

¿Qué implica la sentencia del Tribunal Constitucional?
En su sentencia del 30 de mayo de 2025, la Corte declaró inconstitucional parte del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, que permitía a los operadores móviles ofrecer planes donde ciertas aplicaciones no utilizaban los datos del usuario. Este concepto, conocido como “tasa cero”, fue objeto de escrutinio porque, según los demandantes, socava la neutralidad de la red. ¿

Qué implica esto? Significa que los operadores no deben determinar qué aplicaciones o servicios tienen prioridad en internet, ya que todo el contenido debe ser accesible en igualdad de condiciones. La Corte otorgó a las empresas un año para revisar sus planes, garantizando que los beneficios de los datos gratuitos se proporcionen de forma neutral, sin favorecer a ninguna aplicación en particular.

El fallo aborda una preocupación legítima: cuando un operador decide qué aplicaciones están exentas del uso de datos, puede restringir la libertad de los usuarios para elegir a qué acceder en línea. Por ejemplo, si WhatsApp no ​​consume datos, pero un servicio de mensajería local sí, los usuarios podrían verse obligados a usar solo WhatsApp, lo que disminuye la competencia y reduce las opciones.

Sin embargo, la tarifa cero también ha permitido que millones de colombianos, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, accedan a aplicaciones esenciales sin agotar su saldo. Esto plantea un dilema: ¿cómo salvaguardar la neutralidad y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a internet a quienes lo necesitan con urgencia?

El problema con las soluciones generales:
El fallo de la Corte marca un avance significativo en la defensa de los derechos digitales, pero también presenta un desafío: no todas las prácticas de zero rating son explotadoras o perjudiciales para el mercado móvil. Por lo tanto, creo que no podemos abordar este asunto de forma generalizada, aplicando la misma regla a todas las situaciones. Una prohibición del zero rating que no distinga entre contextos específicos podría tener consecuencias imprevistas, como el aumento del costo del acceso a internet para las personas que dependen de estos planes, que en Colombia representan el 76% de los usuarios móviles.

Estos asuntos no deben resolverse mediante sentencias judiciales. La Constitución y las leyes de nuestro país han establecido instituciones modernas que toman decisiones técnicas y deben ser consultadas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), como autoridad reguladora, debe evaluar si un operador está abusando del mercado al ofrecer ciertas aplicaciones de forma gratuita. Por ejemplo, si una empresa da un trato preferencial a una red social sobre otras para obtener beneficios económicos o para sofocar la competencia, se justifica su intervención. Sin embargo, si el zero rating se utiliza para mejorar el acceso a internet sin perjudicar el mercado, no debería prohibirse automáticamente. Una regulación eficaz debe evaluar el impacto real de cada práctica antes de imponer restricciones.

Un llamado al diálogo.
La sentencia de la Corte Constitucional nos anima a considerar cómo crear una internet más equitativa y accesible en Colombia. Sin embargo, las soluciones no pueden adoptar un enfoque único. Prohibir prácticas como la tasa cero sin un análisis exhaustivo de cada caso puede generar más problemas que beneficios, especialmente para quienes dependen de estos planes de conectividad. Insto a los operadores, al gobierno, a la sociedad civil y al público a dialogar sobre cómo garantizar la neutralidad de la red sin descuidar a los miembros más vulnerables de la sociedad.

Convirtamos esta conversación en una oportunidad para consolidar el acceso a internet como un derecho, no como un privilegio. En un panorama cada vez más digital, estar conectado no es un lujo; es una necesidad.

Una propuesta para el beneficio universal .
Reconociendo que internet en nuestro país es un servicio público esencial y que la infraestructura que lo sustenta ha sido declarada de utilidad pública e interés social en virtud de la Ley 2416, de mi autoría, es evidente que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que el servicio esté disponible en todas partes y que el acceso sea equitativo para todos los colombianos.

Por lo tanto, propongo que, de forma similar a como se subsidian los servicios de electricidad y agua potable para las poblaciones más vulnerables, también se destinen recursos para subsidiar paquetes básicos de internet para estos grupos. Esta medida nos permitiría avanzar hacia la inclusión digital y la igualdad de derechos para todos en el ámbito digital.

Estas iniciativas, junto con una sólida estrategia de digitalización estatal y económica, contribuirían significativamente a garantizar nuestra participación en la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por los avances en inteligencia artificial, que impulsa el crecimiento en las economías más sólidas del mundo.

Al centrarnos en soluciones en lugar de prohibiciones, podríamos transformar este debate en una oportunidad para democratizar el acceso a internet para todos.

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Una Solución Equilibrada Al Debate Sobre EL Zero Rating En Colombia

Por Senador Alfredo Deluque
Miembro del Senado de La República de Colombia 

En los últimos días, el fallo de la Corte Constitucional sobre la práctica del zero rating en los planos de telefonía móvil ha generado un intenso debate. Esta decisión, que prohíbe a los operadores ofrecer acceso gratuito y exclusivo a ciertas aplicaciones como WhatsApp o Facebook, busca, según la corte, proteger la neutralidad de la red, un principio que garantiza que todos los contenidos en internet sean tratados por igual. Sin embargo, el tema no es tan sencillo como parece, y su análisis no puede ser generalizado.
Como ciudadanos, necesitamos entender el fallo de manera clara y reflexionar sobre cómo abordarlo sin perjudicar a los usuarios, especialmente a los más vulnerables. Mi propuesta es simple: en lugar de implementar medidas generales que afectan a todos por igual, las restricciones deben aplicarse caso por caso, solo cuando se demuestre una distorsión en el mercado móvil o un abuso de la posición del mercado de un operador de ese servicio. En ese entendido, deben ser los organismos reguladores los llamados a aplicar las del caso que deben ser medidas proporcionales y temporales mientras se corrigen las fallas del mercado.
¿Qué dice el fallo de la Corte Constitucional?
La Corte, en su sentencia del 30 de mayo de 2025, declaró inconstitucional una parte del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, que permitía a los operadores de telefonía móvil ofrecer planes donde ciertas aplicaciones no consumen datos del usuario. Esta práctica, conocida como zero rating, fue cuestionada porque, según los demandantes, viola la neutralidad de la red.
¿Qué significa esto? Que los operadores no deben decidir qué aplicaciones o servicios tienen prioridad en internet, ya que todos los contenidos deben estar disponibles en igualdad de condiciones. La Corte dio un año a las empresas para ajustar sus planos, asegurando que cualquier beneficio de datos gratis se ofrezca de manera neutral, sin privilegiar aplicaciones específicas.
El fallo responde a una preocupación válida: cuando un operador decide qué aplicaciones son gratuitas, puede limitar la libertad de los usuarios para elegir qué consumir en internet. Por ejemplo, si WhatsApp no ​​consume datos, pero una aplicación local de mensajería sí, los usuarios podrían verse empujados a usar solo WhatsApp, afectando la competencia y la diversidad de opciones.
Sin embargo, el zero rating también ha permitido que millones de colombianos, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, accedan a aplicaciones esenciales sin gastar su saldo.

Este es el dilema: ¿cómo protegemos la neutralidad sin sacrificar el acceso a internet de los más necesitados?
El problema de las soluciones generales:
El fallo de la Corte es un paso importante para defender los derechos digitales, pero plantea un desafío: no todas las prácticas de zero rating son abusivas ni restrictivas del mercado móvil. Por eso, creo que no podemos analizar este tema de manera general, aplicando una misma regla para todos los casos. Una medida que prohíbe la calificación cero sin distinguir entre situaciones específicas puede tener consecuencias no deseadas, como encarecer el acceso a internet para quienes dependen de estos aviones, que en Colombia representan el 76% de los usuarios móviles.
Estos temas no deben ser tratados en fallos judiciales. La constitución y la ley en nuestro país, ha creado organismos modernos que toman decisiones técnicas que son los llamados manifestarse. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), como ente regulador, debe evaluar si un operador está abusando del mercado al ofrecer ciertas aplicaciones gratis. Por ejemplo, si una empresa favorece a una red social en detrimento de otras para obtener beneficios económicos o limitar la competencia, entonces sí debe intervenir. Pero si el zero rating se usa para facilitar el acceso a internet sin dañar el mercado, no debería prohibirse de manera automática. Una regulación inteligente debe medir el impacto real de cada práctica antes de restringirla.
Un llamado al diálogo.

El fallo de la Corte Constitucional nos invita a reflexionar sobre cómo construir una internet más justa y accesible en Colombia. Pero las soluciones no pueden ser de talla única. Prohibir prácticas como el zero rating sin analizar cada caso puede generar más problemas que beneficios, especialmente para quienes dependen de estos aviones para estar conectados. Invito a los operadores, al gobierno, a la sociedad civil ya los ciudadanos a dialogar sobre cómo garantizar la neutralidad de la red sin dejar atrás a los más vulnerables.
Hagamos de esta discusión una oportunidad para fortalecer el acceso a internet como un derecho, no como un privilegio. Porque en un mundo cada vez más digital, estar conectado no es un lujo, es una necesidad.
Una propuesta para beneficiario a todos
Ahora, en el entendido de que el internet en nuestro país es un servicio público esencial que además, la red que lo soporta fue declarada de utilidad pública e interés social gracias a la ley 2416 de mi autoría, es absolutamente claro que quien tiene la obligación de que el servicio llegue a todas partes y su acceso sea igual para todos los colombianos es el Estado.
Por tal razón, mi propuesta es que, de la misma manera que es subsidiado el servicio de energía y el servicio de agua potable a los sectores más vulnerables, también se destinan recursos para subsidiar paquetes básicos que permitan a esta población acceder a internet. Esta sería una medida que nos permitirá avanzar en la inclusión digital y en la igualdad de derechos de todos en el ciberespacio.
Medidas como estas, sumadas a un ambicioso plan de digitalización de Estado y nuestra economía, ayudarían mucho a que podamos montarlos en la ola de la cuarta revolución industrial, marcada por el desarrollo de la inteligencia artificial, la cual lidera las tasas de crecimiento de las economías más fuertes del mundo.
De esta manera, en lugar de centrarnos en prohibiciones, transformaríamos el debate en una oportunidad para democratizar el acceso a internet para todos.